Sentencia A. 1286/23

 

 

TEMAS-SUBTEMAS

 

Auto A-1286/23

 

SOLICITUD DE ADICIÓN DE SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Rechazar por incumplimiento de requisitos

 

NOTA DE RELATORÍA: Mediante Auto 2392 de 2023, el cual se anexa en la parte final, se resolvió corregir el error de denominación de la Sala de Revisión que profirió esta providencia. En consecuencia, se corrige el apartado de decisión que señalaba a la Sala Segunda de Revisión, cambiándola por la correcta, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional. 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CORTE CONSTITUCIONAL

 

 

AUTO 1286 DE 2023

 

Referencia: expedientes AC T-8.324.391 y T-8.326.535.

 

Solicitud de adición a la sentencia T-456 de 2022.

 

Magistrada ponente:

Natalia Ángel Cabo.

 

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de junio de dos mil veintitrés (2023).

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, procede a resolver las solicitudes de adición presentadas por Martha Patricia Acuña Arévalo, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo y Yermen Adriana Marín Gómez a la sentencia T-456 de 2022, proferida por la Sala Novena de Revisión de esta Corporación, dentro de los expedientes acumulados T-8.324.391 y T-8.326.535. Estas solicitudes de adición se refieren a lo decidido en el expediente T-8.324.391 dentro de la sentencia mencionada.

 

ANTECEDENTES

 

Hechos relevantes del expediente T-8.324.391

 

1. La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante: CNSC) realizó la convocatoria No. 433 de 2016 – ICBF sobre un concurso abierto de méritos para proveer unos empleos vacantes pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa de la planta de personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante: ICBF).

 

2. Yoriana Astrid Peña y Ángela Marcela Rivera se inscribieron a la convocatoria para ocupar una vacante del empleo identificado con el Código OPEC No. 34702, denominado Defensor de Familia, Código 2125, Grado 17. Sin embargo, de acuerdo con la lista de elegibles publicada por la CNSC, la señora Peña ocupó el puesto 24 y la señora Rivera el 25.

 

3. Las señoras Peña y Rivera manifestaron que el ICBF efectuó nombramientos en provisionalidad en el cargo de Defensor de Familia en la dependencia de Neiva, pero al hacerlo omitió el uso de la lista de elegibles conformada.

 

4. En virtud de lo anterior, Yoriana Astrid Peña y Ángela Marcela Rivera elevaron de manera individual una petición al ICBF[1]. Las accionantes solicitaron, entre otros aspectos, información sobre: (i) cuántos empleos de carrera administrativa se encontraban en vacancia definitiva y temporal en la denominación Defensor de Familia Código 2125 grado 17 a nivel nacional y en la ciudad de Neiva; (ii) cuáles eran los nombramientos provisionales y en período de prueba que se habían realizado para Defensor de Familia Código 2125 Grado 17 con ubicación geográfica Neiva, Huila; y (iii) cuál era el estado de la recomposición de la lista de elegibles establecida en la Resolución No. CNSC - 20182230072735 del 1 de julio de 2018. Las accionantes concluyeron su petición con una solicitud de protección de sus derechos al trabajo, a la igualdad, al mérito, al debido proceso y al acceso a cargos públicos y, en consecuencia, solicitaron se expidiera acto administrativo de nombramiento en período de prueba.

 

5. El ICBF respondió a las accionantes que, el 16 de enero de 2020, la CNSC emitió el criterio unificado sobre uso de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019. En virtud de ese concepto, según indicó el ICBF, las listas de elegibles que adquirieron firmeza, así como aquellas expedidas como consecuencia de una convocatoria aprobada con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de 2019, seguirían las reglas previstas antes de la modificación de la Ley 909 de 2004 y las establecidas en los respectivos acuerdos de convocatoria. La entidad también indicó que sólo efectuaría los nombramientos previamente autorizados por la CNSC como resultado de las listas de elegibles en estricto orden de mérito.

 

6. En atención a la respuesta emitida por el ICBF, las señoras Yoriana Astrid Peña y Ángela Marcela Rivera presentaron una acción de tutela. Las demandantes indicaron que no obtuvieron una respuesta de fondo a sus planteamientos y, por consiguiente, fueron vulnerados sus derechos fundamentales de petición, al trabajo, a la igualdad, al mérito, al debido proceso y al acceso a cargos públicos. Las accionantes pidieron ordenar a la CNSC y al ICBF acatar las disposiciones normativas contenidas en la Ley 1960 de 2019. Las tutelantes también solicitaron inaplicar por inconstitucional el Criterio Unificado de uso de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019, proferido por la Sala Plena de la CNSC. De igual manera, las actoras pidieron que se ordenara, en el término máximo de tres días hábiles, al ICBF verificar en su planta global los empleos que cumplían con las características de equivalencia y se solicitara a la CNSC el uso de la lista de elegibles para la provisión de las vacantes Defensor de Familia, Código 2125 Grado 17 disponibles, según el orden de mérito de esta.

 

Decisiones judiciales objeto de revisión en la sentencia T-456 de 2022

 

7. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali declaró improcedente la acción de tutela. El juzgado argumentó que las accionantes pretendían cuestionar el acto administrativo emitido por la CNSC por el cual se unificó el criterio sobre el alcance de las listas de elegibles y, por consiguiente, inaplicar tal acto administrativo. La autoridad judicial consideró que la tutela no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque desconocía la existencia de los medios previstos en la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos expedidos por la CNSC.

 

8. Las accionantes impugnaron la decisión de primera instancia porque consideraron que no se ajustaba a los hechos y pretensiones expuestos en la tutela y porque, además, desconocía lo establecido en la Ley 1690 de 2019. De igual manera, las demandantes señalaron que la sentencia desconoció precedentes judiciales en los que fueron amparados los mismos derechos fundamentales bajo circunstancias similares.

 

9. El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca revocó la sentencia proferida en primera instancia y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales de las accionantes al debido proceso, a la igualdad, al trabajo y al acceso a cargos públicos. El Tribunal ordenó inaplicar por inconstitucional el criterio unificado sobre uso de las listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019, proferido por la CNSC el 16 de enero de 2020. El Tribunal indicó que las actuaciones de las entidades demandadas eran contrarias al principio de mérito en el acceso a cargos públicos. Sin embargo, la autoridad judicial precisó en el fallo que no podía ordenar específicamente el nombramiento de las accionantes porque crearía una situación violatoria del derecho a la igualdad de quienes, como ellas, estaban en lista de elegibles y no fueron nombrados.

 

10. La Corte Constitucional seleccionó, para revisión, los citados fallos de tutela y dictó la sentencia T-456 de 2022.

 

Síntesis de la sentencia T-456 de 2022

 

11. Durante el trámite de revisión en la Corte Constitucional, pero antes de decidir el asunto mediante sentencia, la Sala Novena de Revisión recibió solicitudes de nulidad por indebida vinculación de terceros interesados en el trámite constitucional del expediente T-8.324.391. En relación con estas solicitudes, en el auto del 16 de diciembre de 2021 expedido dentro del trámite de revisión, la Sala dispuso la vinculación de los terceros con interés legítimo que intervinieron en el proceso y les otorgó la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y precisar si reiteraban su solicitud de nulidad. Los terceros vinculados no insistieron en la solicitud de nulidad y, por lo tanto, con fundamento en los principios de economía, informalidad y celeridad que rige la acción de tutela, la Sala consideró subsanada la nulidad. En ese sentido, la Corte Constitucional resolvió:

 

“[e]n el expediente con radicado T-8.324.391, NEGAR las solicitudes de nulidad presentadas en el proceso de la referencia ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, por las razones señaladas en la presente providencia”.

 

12. Además de negar las solicitudes de nulidad, en la sentencia T-456 de 2022, la Corte Constitucional concluyó que las acciones de tutela presentadas eran improcedentes como mecanismo para proteger los derechos invocados por las accionantes, puesto que estas: (i) contaban con otros medios judiciales para satisfacer sus pretensiones; (ii) no se acreditaba un perjuicio irremediable; y (iii) la presunta vulneración del debido proceso, la igualdad y el acceso a cargos públicos constituían aspectos susceptibles de proponerse válidamente en las instancias judiciales pertinentes con el restablecimiento del derecho a que hubiera lugar. En consecuencia, la Corte decidió:

 

“[e]n el expediente con radicado T-8.324.391, REVOCAR el fallo de tutela proferido el 17 de septiembre de 2020, por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se revocó la sentencia proferida en primera instancia de 10 de agosto de 2020, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, y en su lugar declarar la IMPROCEDENCIA de la acción de tutela, por las razones expuestas en la presente providencia”.

 

 

Solicitudes de adición de la sentencia T-456 de 2022

 

13. Por escrito remitido a la Secretaría General de la Corte Constitucional, el 9 de febrero de 2023, Martha Patricia Acuña Arévalo solicitó una adición a la sentencia T-456 de 2022. La solicitante indicó que la sentencia omitió “un aspecto que resultaba inescindible resolver”[2]. La señora Acuña sostuvo que el fallo no debió limitarse a resolver su petición de nulidad ni solo decidir el amparo, sino que debió pronunciarse también sobre las afectaciones causadas a terceros legítimos por la decisión de segunda instancia en el proceso mencionado[3] y no “dejar a los terceros sin ningún tipo de amparo por el desafuero cometido por el H. Tribunal”[4]. De acuerdo con la peticionaria, esta adición se justifica como:

 

“una reparación directa y sin tramites de años en instancias judiciales la cual, puede usted proponer en su Sentencia mediante ADICION, advirtiendo que fui o fuimos declarados terceros legítimos con menoscabo de nuestros derechos fundamentales y constitucionales pues la Corte No puede pasar por alto el Exceso al grado de DESAFUERO del H. TRIBUNAL, además de que se determine una forma idónea de reparación material, física y moral con la consigna de NO REPETICION”[5].

 

14. A juicio de la solicitante, la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional omitió analizar los siguientes aspectos: (i) precisar cómo proceder cuándo un fallo de tutela causa daños y perjuicios a terceros por un tiempo determinado; (ii) determinar la responsabilidad que hay y cuál es la indemnización a que tiene derecho el tercero perjudicado; y (iii) cuál es el mecanismo más idóneo para la reparación.

 

15. Además, mediante solicitudes individuales, Ana Adelaida Acosta Delgadillo[6], Vanessa Vargas Rizo[7], Jhon Jairo Lozano Vargas[8], Yermen Adriana Marin Gómez[9], Nelly Montaño Angulo[10], Cielo Margarita Vega Mendoza[11] y Alejandro Morales Garzón[12] coadyuvaron la solicitud de adición de la señora Acuña Arévalo.

 

Trámite de las solicitudes de adición

 

16. La magistrada ponente, a través de auto del 20 de febrero de 2023, solicitó al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali remitir copia de la constancia de notificación de la sentencia T-456 de 2022⁷, y dispuso correr traslado de las solicitudes de adición, para garantizar el debido proceso de las partes e intervinientes en la causa en referencia.

 

17. El 22 de marzo de 2023, como respuesta al traslado de las solicitudes de adición, la CNSC informó que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle, le solicitó al ICBF la información de las vacantes definitivas del empleo de nivel Profesional, denominado Defensor de Familia, código 2125, grado 17, y con base en esa información recibida conformó y adoptó la lista de elegibles que materializó en la Resolución No. 0715 de 2021.[13] La CNSC elaboró, pues, una lista de elegibles “unificada en estricto orden de mérito, de todas las personas que habiendo superado la Convocatoria No 433 de 2016-ICBF, no lograron ser nombrados en los empleos Defensor de Familia, Código 2125, Grados 17 de cada una de la OPECS”. Sin embargo, la entidad del servicio civil indicó que, a su juicio, con la sentencia T-456 de 2022 desaparecieron los fundamentos de derecho que motivaron la expedición de la Resolución No. 0715 de 2021, pues aquella revocó el fallo de tutela de segunda instancia que le había dado origen a esta.

 

18. La Comisión manifestó que la señora Acuña Arevalo detentó la condición de servidora pública en provisionalidad, por lo cual su empleo carecía de carácter definitivo. El actuar del ICBF y de la CNSC, además, se dio en cumplimiento de la orden judicial impartida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle. Así mismo, la entidad señaló que no coadministra plantas de personal y, por tanto, no cuenta con competencia para pronunciarse respecto de la terminación del nombramiento en provisionalidad de Martha Patricia Acuña Arevalo, porque es el ICBF, como nominador, el llamado a adoptar las medidas que correspondan frente a la decisión judicial, entre ellas las de realizar nombramientos y posesiones, según lo señalado en el artículo 2.2.5.1.1 del Decreto 1083 de 2015.

 

CONSIDERACIONES

 

Reiteración de jurisprudencia sobre las solicitudes de adición a las providencias proferidas por la Corte Constitucional

 

19. La Corte Constitucional reiteró en el auto 635 de 2021[14] que, por regla general, las sentencias expedidas en el trámite de revisión de tutela no son reformables, dado que una vez proferidas hacen tránsito a cosa juzgada constitucional y en su contra no procede recurso alguno (CP art 243). Por tanto, en principio, la adición de una sentencia de la Corte Constitucional es improcedente. Solo de forma excepcional procede una adición de un fallo de tutela de la Corte Constitucional. Esto además se encuentra relacionado con el hecho de que, como se indicó que en el auto 193 de 2018, una vez culminada la etapa de revisión de un fallo de tutela, se agota la competencia de este Tribunal para decidir materias nuevas sobre los mismos hechos.

 

20. Para definir si es viable la adición de una de sus sentencias de tutela, este Tribunal toma en consideración los principios que rigen las solicitudes de adición de sentencias en el CGP. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2.3.1.1.3 del Decreto 1069 de 2015[15], “para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho Decreto”.

 

21. En consecuencia, el referente normativo principal que debe tenerse en consideración para resolver estas solicitudes de adición se encuentra en artículo 287 del CGP. Esta norma prevé lo siguiente, sobre las solicitudes de adición:

 

“[c]uando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad”.

 

22. Con fundamento en este contenido normativo, esta Corte reiteró en el auto 032 de 2021[16] que las solicitudes de adición deben cumplir con tres principios: (i) legitimación, (ii) oportunidad y (iii) satisfacción de una carga argumentativa. La legitimación para actuar implica que la petición de adición sea interpuesta por las partes[17] o por un tercero con interés legítimo[18] que resulte afectado por las órdenes proferidas en sede de revisión. La oportunidad supone que la solicitud de adición se formule durante el término de ejecutoria de la sentencia, esto es, dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del fallo cuestionado. La satisfacción de la carga argumentativa, por su parte, exige que la solicitud este dirigida a que la Corte Constitucional se pronuncie sobre uno de los extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que debía ser objeto de pronunciamiento.

 

23. La Corte Constitucional precisó en el auto 392 de 2015[19] que el análisis de los anteriores requisitos debe ser riguroso debido a que, como se indicó, la procedencia de las solicitudes de adición es excepcional. La Corte justificó esa excepcionalidad en las siguientes razones: (i) la Corte tiene la facultad de seleccionar los fallos que va a revisar, lo cual envuelve la atribución de determinar razonablemente cuáles problemas o asuntos va a analizar[20]; (ii) la revisión de sentencias de tutela no constituye una tercera instancia que permita a las partes controvertir, de nuevo, todos sus argumentos o pretensiones; y (iii) la finalidad principal de la revisión por parte de la Corte es la unificación de la jurisprudencia constitucional y la interpretación del alcance de los principios y derechos fundamentales.

 

24. Si esta es la configuración de la revisión ante la Corte Constitucional, entonces las solicitudes de adición de un fallo que es resultado de la revisión tampoco pueden proponerse como pretensiones encaminadas a desnaturalizar esta sede. Esta Corporación sostuvo, en el auto 031 de 2021[21], que la adición no puede articularse tampoco como una suerte de instancia paralela o alternativa, pues la Corte Constitucional, al momento de revisar un caso, tiene la carga de resolver lo relacionado con la presunta violación de un derecho fundamental, sin que ello signifique que deban estudiarse todos los escenarios jurídicos susceptibles de plantearse. Por lo tanto, una sentencia de tutela de la Corte Constitucional está llamada a adicionarse, en principio, sólo cuando la relevancia constitucional del asunto sobre el que no se pronunció el juez, de haberse tomado en consideración, conduzca a un cambio sustancial en la regla decisional fijada.

 

25. Desde el auto 031A de 2002[22], la Corte Constitucional sostiene que la facultad discrecional de revisión, prevista en el artículo 241 numeral 9, implica también que no debe corregir todos los eventuales errores en que hayan podido incurrir los jueces al decidir los casos, sino que busca precisar o unificar la doctrina sobre el alcance de los derechos fundamentales y, eventualmente, las instituciones constitucionales. Es claro que los problemas de justicia individual en los distintos casos son relevantes en el ejercicio de las funciones de la Corte, pues a esta le corresponde amparar los derechos fundamentales (CP art 86). Por ello, la labor de revisión de las sentencias de tutela, como esta Corte lo señala, “persigue, entre otras cosas, dos finalidades básicas: (i) unificar la jurisprudencia constitucional y (ii) que se logre la justicia material en el caso concreto”. Sin embargo, como dispuso la Corte en el auto 031A de 2002, el hecho de que la revisión sea una facultad discrecional muestra que la Constitución, en relación con el papel de la Corte en sede de revisión, privilegió su papel sistémico de unificación doctrinal frente a la corrección de todos los problemas derivados de los casos concretos, sin que ello implique dejar de lado el deber de protección de los derechos fundamentales. 

 

26. Con base en lo anterior, la Sala analizará si las solicitudes de adición de la sentencia T-456 de 2022 cumplen con los requisitos formales para su procedencia.

 

Estudio de los requisitos de procedencia de las solicitudes de adición

 

27. Las solicitudes de adición presentadas, en principio, cumplen con el requisito de legitimación. Martha Patricia Acuña Arévalo fue vinculada como un tercero con interés legítimo en el trámite de revisión que concluyó con la sentencia T-456 de 2022. Por su parte, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marín Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón no fueron vinculados al proceso de tutela, pero aducen ser terceros con interés legítimo en el proceso de la referencia porque pudieron verse afectados por las decisiones de tutela adoptadas durante el trámite del expediente T-8.324.391. Según la sentencia SU-116 de 2018, los terceros con intereses legítimo no tienen la condición de partes, pero pueden encontrarse vinculados a la situación jurídica de una de las partes o a la pretensión que se discute, ya que pueden resultar afectados por el fallo que se profiera.

 

28. El requisito de oportunidad también se satisface. El Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali le informó a esta Sala de Revisión que la sentencia T-456 de 2022 fue notificada el 15 de marzo de 2023. Las solicitudes de adición, entonces, fueron radicadas durante el término procesal adecuado. La señora Martha presentó su solicitud el 9 de febrero de 2023 y las señoras Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marín Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón lo hicieron los días 17, 23 y 24 de febrero. De esta manera, al no haberse agotado la notificación por parte del operador responsable de ello al momento de presentar los escritos de adición, la Corte evidencia que las personas solicitantes, mediante los escritos remitidos a esta Corporación, se notificaron por conducta concluyente.[23]

 

29. Sin embargo, la Sala considera que las solicitudes de adición bajo examen no satisfacen la carga argumentativa exigida para esta clase de asuntos.

 

30. En la sentencia T-456 de 2022, la Sala Novena de Revisión se ocupó de concretar las reglas aplicables en la evaluación de la procedencia de las acciones de tutela en el marco de un concurso de mérito en el que, a juicio de las tutelantes, no se dio cumplimiento a la Ley 1960 de 2019 y, en consecuencia, no se usó la lista de elegibles de un concurso en el que participaron para ocupar unas vacantes que se generaron luego de esa convocatoria. El problema jurídico se delimitó de tal manera que quedaba claro, para la Corte Constitucional, que ese era el objeto de su pronunciamiento. En tal virtud, en el caso concreto, la Sala Novena de Revisión declaró la improcedencia de la acción de tutela instaurada por Yoriana Astrid Peña y Ángela Marcela Rivera en contra del ICBF y el CNSC.

 

31. En tal virtud, no procede la solicitud de adición, primero, porque no se demuestra que la Sala hubiera omitido arbitrariamente (u omitido en absoluto) un punto de derecho relevante, y que sea necesario adicionar el fallo para resolverlo. En este caso, simplemente se cuestiona que, en ejercicio de sus funciones, la Corte consideró que la suerte de los nombramientos efectuados a causa de la sentencia de tutela revocada no era una cuestión de derecho constitucional que se debiera resolver en la sentencia. Como se indicó, la función de revisión a cargo de la Corte Constitucional no implica el deber de estudiar todos los aspectos y puntos vinculados a un caso, pues no constituye una tercera instancia en la resolución de esta clase de controversias. Si una función básica de la revisión es unificar la doctrina constitucional sobre los derechos fundamentales, y si la Corte tiene la potestad discrecional de seleccionar qué casos merecen revisión para tal efecto, entonces es claro que la Corte goza también de un razonable margen para delimitar los temas y asuntos que en el caso concreto ameritan un examen en sede de revisión.

 

32. En segundo lugar, las peticiones que provocan esta decisión no muestran suficientemente que su finalidad sea adicionar la sentencia para que, a través de ello, se resuelva un problema jurídico dejado de analizar en la decisión. En principio, puede pensarse que su objetivo es provocar la intervención judicial, no en un asunto jurídico omitido en la sentencia, sino en una situación práctica real, a saber: en la decisión de la administración pública en torno a lo que debe suceder con los actos que dictó para cumplir la sentencia de tutela de segunda instancia. Para que proceda la solicitud de adición, debía acreditarse que esta no era solamente una cuestión práctica o de hecho, sino que el ordenamiento le imponía a la Corte analizarlo, por ejemplo, para proteger una garantía constitucional fundamental.

 

33. Tercero, las solicitantes no justificaron por qué procede adicionar una orden a un fallo de tutela que declara improcedente el amparo. Los artículos 86 de la Constitución y artículo 29 del Decreto 2591 de 1991 establecen que los jueces constitucionales deben emitir órdenes que hagan efectiva la tutela cuando conceden la protección de un derecho fundamental. Pero no es claro que el juez de tutela deba emitir órdenes que hagan efectiva la decisión que declaró improcedente la acción. Por esa razón, la solicitud de adicionar una orden a un fallo cuya decisión es la improcedencia del amparo requiere una carga argumentativa que demuestre cabalmente que esta adición es imperativa. Eso no ocurre en este caso.

 

34. En virtud de lo expuesto, en atención a la regla general de improcedencia de las adiciones a las sentencias de tutela proferidas por esta Corte, las solicitudes formuladas por Martha Patricia Acuña Arévalo, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marin Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón para adicionar la sentencia T-456 de 2022 deben rechazarse.

 

 

III. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional

 

RESUELVE:

 

Primero. RECHAZAR por improcedentes, de conformidad con lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia, las solicitudes de adición de la sentencia T-456 de 2022, elevadas por parte de Martha Patricia Acuña Arévalo, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marin Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón ante la Corte Constitucional.

 

Segundo. A través de la Secretaría General de esta Corporación, COMUNICAR la presente decisión a Martha Patricia Acuña Arévalo, Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marin Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón, quienes suscribieron la solicitud de adición de la referencia.

 

Tercero. A través de la Secretaría General de esta Corporación, REMITIR copia del presente auto al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cali, a fin de que sea incorporada en el expediente de la referencia.

 

Cuarto. Contra esta providencia no procede recurso alguno.

 

Comuníquese y cúmplase,

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

Auto 2392/23

 

 

Referencia: autos 1286 y 1287 de 2023.

 

Solicitud de corrección de error mecanográfico en los autos 1286 y 1287 de 2023 proferidos por la Sala Primera de Revisión.

 

Magistrada sustanciadora:

NATALIA ÁNGEL CABO.

 

 

Bogotá, D.C., nueve (09) de octubre de dos mil veintitrés (2023).

 

 

La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales profiere el siguiente

 

AUTO

 

I. CONSIDERACIONES

 

1. El 27 de junio de 2023, la Sala Primera de Revisión expidió los autos 1286 y 1287 de 2023. Esos autos resolvieron una solicitud de adición y una solicitud para iniciar un incidente de desacato, respectivamente, en relación con la sentencia T-456 de 2022[24]. En esos autos la Corte rechazó por improcedentes las solicitudes presentadas por la señora Martha Patricia Acuña Arévalo y coadyuvadas por Ana Adelaida Acosta Delgadillo, Vanessa Vargas Rizo, Jhon Jairo Lozano Vargas, Yermen Adriana Marín Gómez, Nelly Montaño Angulo, Cielo Margarita Vega Mendoza y Alejandro Morales Garzón.

 

2. El 17 de julio de 2023, la señora Acuña Arévalo remitió un correo electrónico en el que manifestó su preocupación por el hecho de que, pese a que la sentencia de tutela sobre la que se interpuso la solicitud hubiera sido emitida por la Sala Novena de Revisión, los autos 1286 y 1287 de 2023 fueron resueltos por la Sala Primera de Revisión. Así mismo, la solicitante indicó que la Corte cometió un error al indicar en el apartado de decisión que la providencia era adoptada por la Sala Segunda de Revisión. Ese error, según la demandante, se presentó en los autos 1286 y 1287 de 2023.

 

3. En este sentido, se considera que la composición de las Salas de Revisión está regulada por el artículo 56 del Reglamento Interno Corte Constitucional y el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991. De conformidad con el literal c) del artículo 5 del Reglamento Interno de la Corte, la Sala Plena está facultada para conformar las Salas de Revisión de acuerdo con lo establecido en las disposiciones normativas mencionadas.

 

4. En el Acuerdo 01 de 2021, la Sala Plena estableció que el magistrado Alberto Rojas Ríos conformaría la Sala Novena de Revisión a partir del 21 de enero de ese año. El 17 de septiembre de 2021, el proceso de tutela correspondiente al expediente T-8.324.391 fue asignado a la Sala Novena de Revisión, presidida por el magistrado Alberto Rojas Ríos. El 4 de marzo de 2022, el proyecto de fallo que resolvía ese expediente de tutela fue registrado en esa Sala de Revisión. Tras la finalización de su periodo constitucional, el magistrado Rojas Ríos fue reemplazado por la magistrada Natalia Ángel Cabo, quien tomó posesión el 4 de abril de 2022. La magistrada Natalia Ángel Cabo presidió la Sala Novena de Revisión que decidió la sentencia T-456 de 2022, pues en virtud del artículo 7 del Decreto 1265 de 1970:

 

“[l]as salas de los Tribunales Superiores ejercerán sus funciones jurisdiccionales en salas de decisión, que se integrarán en cada asunto por el Magistrado a quien le corresponda en el repartimiento y por los dos que le sigan en orden alfabético de apellidos. Cuando el número de Magistrados de aquellas sea inferior a tres, las decisiones se adoptarán en sala dual, que se formará, si ello fuere necesario, integrando las salas civil y laboral.

 

Las salas de decisión no se alterarán durante cada periodo por cambio en el personal de magistrados y por consiguiente, el que entre a reemplazar a otro ocupará el lugar del sustituido”.

 

5. A través del Acuerdo 01 de 2022, la Sala Plena determinó que a partir del 11 de enero de 2023 la magistrada Natalia Ángel Cabo presidiría la Sala Primera de Revisión. El 9 de febrero de 2023, la señora Acuña Arévalo presentó la solicitud de adición que fue resuelta en el auto 1286 de 2023 y, el 16 de marzo de 2023, la señora Arévalo también presentó una solicitud para iniciar un incidente de desacato que fue resuelto por la Sala en el auto 1287 de 2023. Por lo tanto, aunque la sentencia T-456 de 2022 fue decidida por la Sala Novena de Revisión, los autos 1286 y 1287 de 2023 debían ser resueltos por la Sala Primera de Revisión que era presidida por la magistrada Natalia Ángel Cabo.

 

6. Ahora bien, en relación con los apartados de decisión de los autos 1286 y 1287 de 2023, aprobados por la Sala Primera de Revisión el 27 de junio de 2023, se incurrió en un error involuntario. Dicho error obedece a la confusión en la denominación de la Sala de Revisión que profería el auto. Puntualmente, en dicha providencia se mencionó a la Sala Segunda de Revisión cuando lo adecuado era hacer referencia a la Sala Primera de Revisión.

 

7. La Corte Constitucional ha señalado que cuando en la transcripción del texto de una providencia se producen errores mecanográficos, para proceder con la corrección es aplicable el artículo 286 del Código General del Proceso. Según advirtió la Corte desde el auto 231 de 2001, reiterado en el auto 227 de 2022, esa disposición normativa permite que se corrijan los errores de digitación que se cometan por la omisión o cambio de palabras, o por las alteraciones de estas, de manera idéntica a la que se autoriza para corregir los errores aritméticos. Además, esta corrección puede hacerse en cualquier tiempo, independientemente de si la providencia está o no ejecutoriada.

 

II. DECISIÓN

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución,

 

 

RESUELVE

 

 

Primero. CORREGIR el apartado de decisión del auto 1286 de 2023, el cual queda así:

 

“En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional”.

 

Segundo. CORREGIR el apartado de decisión del auto 1287 de 2023, el cual queda así:

 

“En mérito de lo expuesto, la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional”.

 

Tercero. Por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, ENVIAR la presente decisión a la Relatoría de esta Corporación para que efectúe los cambios y las actualizaciones pertinentes.

 

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

 

 

 

NATALIA ÁNGEL CABO

Magistrada

 

 

 

JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ

Magistrado

 

 

 

DIANA FAJARDO RIVERA

Magistrada

 

 

 

ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ

Secretaria General

 

 

---